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15 de agosto de 2012
- Gazir Sued
No existe relación de causalidad entre la propuesta enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza y la cuestión criminal. Nadie, con un mínimo de entendimiento sobre el funcionamiento de las prácticas judiciales en las sociedades democráticas, de la racionalidad jurídico-penal del sistema de justicia de ley y de la psicología criminal, sostendría lo contrario. Las más frías estadísticas sobre el asunto, tanto en los territorios estadounidenses como en la esfera internacional, lo confirman. Aún así, el gobierno de Puerto Rico efectuará un referéndum sosteniendo lo contrario. Es decir, sobre una farsa. Mintiendo...
Las figuras intelectuales más preparadas y honestas de la escena política del país se han expresado para desmentir esta falsa promesa; han demostrado que no se trata de un refuerzo estatal a la lucha contra la violencia criminal sino que ésta, por el contrario, le sirve de subterfugio a los manipuladores de los miedos compartidos socialmente, para lograr un efecto político mezquino: hacer creer que la limitación de un derecho constitucional causaría una disminución de la criminalidad, ya como garante disuasivo por intimidatorio, ya como ilusión de justicia servida en el acto. Para detener esta farsa, sin embargo, participan de ella convocando al pueblo a participar de un referéndum que, según auguran las encuestas, su saldo ya está decidido. La ignorancia y el miedo prevalecerán sobre la razón y la experiencia...
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13 de agosto de 2012
- Movimiento Solidario Sindical
El Movimiento Solidario Sindical (MSS), sindicato que representa a cientos de trabajadores y trabajadoras en la empresa privada en Puerto Rico, rechazó hoy la intención de limitar el derecho a la fianza.“La estrategia contra el crimen no se puede enfocar en restarnos derechos. Los trabajadores sabemos cuán valiosos son nuestras conquistas porque éstas fueron luchadas por años mediante grandes sacrificios”, indicó José Rodríguez Vélez, presidente del MSS.
“Nos sospechamos que la propuesta de quitarnos la fianza en ciertos delitos es una estrategia del gobierno de turno para promover ante la opinion pública en un futuro cercano, la supuesta necesidad de limitar aún más el radio de acciones concertadas que utilizamos los trabajadores para defender nuestros empleos y niveles de vida. Ya lo vimos con la enmienda al Código Penal, ahora van tras nuestro derecho a la fianza y no lo podemos permitir”, sentenció por su parte Domigo Hernández, electricista y vicepresidente del MSS.
Rodríguez Vélez insistió que “la criminalidad se reduce creando más empleos con mejores salarios y cerrando la creciente brecha entre ricos, representado por los empresarios, y los pobres quienes somos los que producimos las ganancias que los primeros se embolsillan.”
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13 de agosto de 2012
- Verdad y Justicia
La voluntad que dice tener el Departamento de Justicia para esclarecer con celeridad los casos de asesinato, no parece incluir al de Carlos Muñiz Varela, sostienen sus amigos y familiares.
A pesar de que el Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela les entregó a las autoridades locales en marzo y en mayo de 2012 una serie de documentos del FBI recientemente desclasificados que indican los nombres, aunque tachados, de los responsables del asesinato del joven cubano, el avance en este caso ha sido nulo en los últimos meses.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha solicitado en varias ocasiones al FBI que le entregue la información que está en su poder y que es necesaria para poder encausar a los culpables de este crimen. El 21 de mayo de 2012, el fiscal a cargo del caso, Yamil Juarbe, recibió una comunicación del FBI en la que la agencia indica que evaluaría si comparte con el Departamento de Justicia de Puerto Rico la información que tiene en su poder. Al día de hoy, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no ha recibido una respuesta del gobierno federal para conocer la identidad de las personas cuyos nombres aparecen tachados y que son claramente los asesinos de Carlos.
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