16 de febrero de 2013

- Comité de Apoyo a los 6 de Santa Isabel

El Comité de Apoyo a los 6 de Santa Isabel condenó como “un atropello más al derecho a la libre expresión de los puertorriqueños” la postura asumida por el designado Secretario de Justicia Luis Sánchez Betances en contra de la derogación del artículo 200 del código penal, conocido como la ley Tito Kayak.

El grupo ciudadano realiza actividades de solidaridad con 6 activistas arrestados en diciembre de 2011 mientras se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la construcción de un parque eólico ubicado en terrenos de alto valor agrícola en Santa Isabel. Los 6 arrestados, que incluyen un profesor universitario, un agrónomo y varios estudiantes, fueron acusados por violaciones a la llamada ley Tito Kayak. El inicio del juicio está señalado para el 11 de marzo en el Centro Judicial de Ponce. Los acusados se exponen a penas de cárcel de hasta 3 años de reclusión.

“La oposición del designado Secretario de Justicia a la derogación de la llamada ley Tito Kayak era de esperarse. Luis Sánchez Betances fue abogado del “desarrollista” Arturo Madero y del proyecto Paseo Caribe. La atropellada construcción de ese lujoso condominio fue tomada como excusa por la Asociación de Constructores y otros cabilderos para empujar la aprobación de esta ley que convierte en delito la libertad de expresión. Con su oposición a derogar esta ley, el Secretario de Justicia Luis Sánchez Betances ha quedado retratado de cuerpo entero como lo que es, un abogado de defensa de los grandes intereses económicos”, declaró el grupo en una comunicación escrita.

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15 de febrero de 2013

- Pedro Julio Serrano

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió al senador Carmelo Ríos que renuncie por las expresiones machistas y ofensivas que hizo ayer en un programa televisivo al decir que el lugar de la mujer era en la casa y no en la Legislatura.

“Un funcionario público no puede hacer expresiones intolerantes, pues tiene que trabajar, y en este caso, legislar para todos los seres humanos. El machismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, la intolerancia no tienen cabida en nuestro discurso público. Es hora de que renuncie, pues no es la primera vez que hace expresiones intolerantes y porque también está incumpliendo su función constitucional de instrumentar la igualdad”, aseveró Serrano.

El 8 de mayo de 2009, Serrano también le había exigido la renuncia a Ríos por expresiones homofóbicas en el hemiciclo del Senado. En aquel entonces, Ríos expresó que le “da mucha pena que hayan utilizado mi decisión de no compartir las preferencias sexuales de compañeras y asesoras del otro lado, de la Cámara de Representantes, para mancillar la reputación de personas que trabajan en el servicio público, eso es injusto… Quizás es porque ese caucus defiende a una clase de mujer y la otra no”.

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14 de febrero de 2013

- Organización Socialista Internacional (OSI)

La Organización Socialista Internacional (OSI) hizo un llamado al pueblo a unirse a la marcha en contra de la privatización del aeropuerto este próximo domingo 17 de febrero, además enfatizó en que la privatización siempre implica más crisis para el pueblo trabajador.

“La venta del LMM es mala por muchas razones: es nuestra principal entrada y salida, y de las dependencias de la Autoridad de Puerto es la única lucrativa, dejando más de $50 millones todos los años. En una isla como Puerto Rico, cualquier proyecto de mejoramiento social tiene que poder contar con el control del aeropuerto. Además, la privatizadora Aerostar Holdings ha sido vinculada al tráfico de drogas, armas y otras actividades delictivas en el aeropuerto de Cancún que administra. Pero lo más importante es que la privatización siempre es más crisis. No debemos creernos el cuento de que ahora con la privatización la crisis se acaba, eso es una gran mentira” declaró Giovanni Roberto, portavoz de la OSI.

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12 de febrero de 2013

- Comunidad Sector Jobos

La tensión en la lucha que llevan los residentes de la comunidad en el Sector Jobos en Río Arriba contra una torre de telecomunicaciones ha escalado luego de que algunos de ellos alegaran haber sido objeto de atentados contra su vida y amenazas.

Los afectados responsabilizan a AT&T de cualquier agresión que reciban sus familias, daños a sus propiedades, como lo son sus vehículos de motor y cualquier vida que se pierda.

AT&T es la empresa que está detrás de la construcción de la torre de telecomunicaciones.

“Fui la primera que empecé en esta lucha, los enfrenté cuando vinieron, les cuestioné cómo era posible que nuestra comunidad tuviese que vivir expuesta a una antena frente a nuestras casas; me moví a las agencias, llamé a la prensa, acompañé a mi vecina para la OGPe donde me dijeron que como yo no era colindante no tenía derecho a nada. El grupo de opositores comenzó a crecer y las estrategias de los constructores se tornaron más agresivas. Un día salí de mi casa y mi vehículo temblaba para todos lados, paré en una gasolinera y cuando me revisaron el carro me indicaron que estaba viva de milagro pues resultó que todas las tuercas de los aros estaban sueltas. Ante esta situación y sabiendo que es AT&T la empresa detrás de todo esto, no nos queda más remedio que responsabilizarlos por cualquier cosa que nos pase”, declaró muy nerviosa e indignada Carmen Doris Santiago, una mujer ya entrada en edad y quien fuera la primera en oponerse a este proyecto.

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12 de febrero de 2013

- Jesús Dávila / NCM

Un comité del presidente Barack Obama sobre seguridad nacional, en el que están representadas las agencias militares y de inteligencia, determinó que no tiene que revisar las implicaciones de autorizar la entrega experimental del aeropuerto internacional de Puerto Rico a un consorcio mexicano-estadounidense por parte de la Administración Federal de Aviación.

La decisión del comité se produjo a pesar de que en el expediente del caso aparece la advertencia de que en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se conducen operaciones militares altamente secretas relacionadas al terrorismo y otros asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos.

El plan para la transacción, que está bajo evaluación final, le quitaría a Puerto Rico el control sobre su aeropuerto principal al menos por los próximos cuarenta años aunque cambiase su condición política. El proceso para la transferencia comenzó hace años, pero llega a esta etapa de adjudicación en momentos en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Consejo de la Internacional Socialista están reclamando que se ponga fin a la situación colonial de esta nación isleña, ubicada en el noreste del Caribe equidistante de Guantánamo y de Caracas.

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