3 de abril de 2011

- Jesús Salgado

Grupos de ciudadanos y estudiantes universitarios de varios recintos del sistema UPR, de Río Piedras, Cayey y Arecibo llevaron un piquete frente al estacionamiento del “Lighthouse Adventures of P.R, Inc.”, del propietario John Chapel, denunciando los intentos de privatización por esta persona de la playa la Poza del Obispo en dicho municipio.

Cantando consignas: “La poza no se vende, la poza se defiende”, “La poza no es de Chapel”, “La Poza para el Pueblo, eso es lo que querremos”, llevaron sus energías a esta lucha que lleva más de dos años en defensa del libre acceso a las playas del Pueblo.

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Además-  Manifestantes continuarán protestas en la Poza del Obispo

Cobertura sobre la lucha de la Poza del Obispo-  Ver archivo

2 de abril de 2011

- Dennis Fores

2 de abril de 2011

- Marta Villaizán Montalvo

La falta de interés por parte de los medios de comunicación en Puerto Rico por la discusión y análisis del tema de la experimentación humana es el producto del buen trabajo de desinformación sobre el uso de los puertorriqueños como Conejillos de Indias que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos por más de 100 años.

En Puerto Rico el primer experimento se realizó en 1904, (California State Journal of Medicine, November, 1905, p. 341), y el más reciente se lleva a cabo HOY. Cientos de miles de puertorriqueños durante 107 años han sido usados para los más degradantes y criminales experimentos que alguien pueda imaginar. Desde el estudio de nuestras características fisiológicas por considerarnos defectuosos, (“unfit”), pasando por los experimentos con radiación, insectos, enfermedades, vacunas, armas para la guerra química y biológica, entre otros, hasta el día de hoy que somos los favoritos de la industria farmacéutica con un total de 1,158 experimentos humanos citados en la página oficial del Instituto Nacional de la Salud, Clinical Trials.gov.

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2 de abril de 2011

- EDUCAMOS

Cerca de una treintena de manifestantes protestaron este jueves, 31 de marzo frente a la escuela Luis Muñoz Grillo del distrito escolar Caguas II, contra lo que calificaron de atropellos cometidos por el director del plantel Sr. Elvin Jiménez. Indicaron los manifestantes que el director ha adoptado prácticas de acoso laboral contra la profesora Awilda Rivera, maestra de primer grado de la escuela Muñoz Grillo.

Indicaron que el director irrumpe en su salón, le interrumpe sus clases innecesariamente y hasta ha puesto carteles en la oficina donde la acusa públicamente, lo que se supone es ilegal y constituye un grave atropello contra los derechos de la maestra e incluso de los estudiantes. La profesora Rivera es maestra con 30 años de experiencia y gracias a su destacada labor se ha ganado el apoyo y respeto de sus estudiantes y padres.

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1 de abril de 2011

- Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte

La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte repudia las expresiones del alcalde de Yauco vertidas esta mañana por las emisoras radiales, en las que favorece la reimplantación de la pena de muerte como medida para atajar el aumento en el número de asesinatos en lo que va de año.

“Es importante reconocer que la pena de muerte no incide en los índices de criminalidad en los países que la practican o la contienen en sus disposiciones legales” expresó la criminóloga Lina Torres, portavoz de la Coalición. “Sin embargo la efectividad de un sistema de justicia criminal en la resolución de los crímenes y la disminución de los márgenes de impunidad sí son disuasivos efectivos contra la criminalidad”, añadió Torres

El efecto que tendría la reimposición de la barbarie de la pena capital en Puerto Rico seria de contribuir a los niveles de violencia que imperan en este país. Que el Estado tenga la facultad de quitarle la vida a una persona seria la culminación y cristalización de la violencia institucional en nuestra querida isla, indicó la CPCPM mediante comunicado escrito.

La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, que inflige violencia y dolor no solo a la persona convicta, sino a sus familiares, a la comunidad a la cual pertenecen, al país donde viven e incluso a los familiares de sus víctimas, que cargarían con una pena agregada de otra muerte relacionada con la del familiar fallecido. La pena de muerte aplica en sociedades que no se distinguen por el respeto de los derechos humanos y, nosotros en Puerto Rico, rechazamos sumarnos a este tipo de sociedad, especialmente cuando no se atienden efectivamente las verdaderas causas de la criminalidad.

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