23 de mayo de 2012

- Victor Rivera Pastrana

Luego de un proceso de más de un año de lucha en contra de la antena de telecomunicaciones en Sonador, nos hemos enterado que QMC Telecom ha requerido corregir el proyecto y solicita enmiendas al permiso de construcción para sustituir la torre de telecomunicaciones de tres patas por una torre auto- sostenible (monopole).

Este evento contrasta con todo el proceso presentado en las vistas ante la Junta Revisora donde esta compañía señaló que ellos habían obtenido los permisos de construcción de manera transparente sin ninguna de las irregularidades que los opositores a este proyecto presentamos. Sus argumentos fueron avalados por la Junta Revisora por encima de los errores presentados por nuestra representación legal. La Junta Revisora ratifico un proceso administrativo y nunca paso juicio sobre asuntos en derechos que como ciudadanos nos asisten.

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22 de mayo de 2012

- Colegio de Abogados de Puerto Rico

El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) creó la semana pasada una comisión especial para estudiar y educar al pueblo sobre las implicaciones del propuesto referéndum para limitar el Derecho a la Fianza, conforme a legislación recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Esta Comisión Especial tendrá como tarea principal convocar la organización de un frente amplio que una a todos los sectores de la sociedad civil, por encima de todo sectarismo y líneas partidistas, para promover que el pueblo proteja sus derechos constitucionales ante la más reciente propuesta para restringirlo. La referida convocatoria a la constitución de un frente amplio para defender el derecho a la fianza ha sido citada para el próximo jueves, 24 de mayo de 2012 en el salón Félix Ochoteco, primer piso del CAPR, a las 7:00 P.M.

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18 de mayo de 2012

- Organizaciones de Comunidad Universitaria

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (Sindicato) condenamos enérgicamente la intención de la Rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR, Dra. Ana Guadalupe, de lograr que la Junta de Síndicos apruebe este próximo sábado 19 de mayo un reglamento de monitoreo electrónico con cámaras de seguridad para el Recinto de Río Piedras sin consulta previa y a espaldas de la comunidad universitaria.

Denunciamos la manipulación y presiones indebidas de la rectora Guadalupe para que la Junta de Síndicos apruebe su reglamento de monitoreo electrónico mediante cámaras de seguridad en violación de la Reglamentación Universitaria y a la Ley 170 sobre Procedimiento Administrativo Uniforme, que dispone claramente los procesos para la aprobación de reglamentos por parte de instrumentalidades públicas. La Rectora de Río Piedras pretende implantar el mismo sin contar con las recomendaciones, insumo y consenso de todos los sectores universitarios. Incluso, sin discusión en el Senado Académico, ni con la Junta Coordinadora de Seguridad del recinto. Esta Junta Coordinadora está compuesta por representantes de las organizaciones que agrupan y representan a empleados, estudiantes, docentes, no docentes, y por representantes de la administración universitaria, pero la Rectora Guadalupe se niega a reconocerla.

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*Foto de archivo de IndymediaPR

18 de mayo de 2012

- Freddie Marrero

Los realizadores de un documental sobre Filiberto Ojeda Ríos han radicado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de San Juan contra la Corporación de Cine de Puerto Rico por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y violación de derechos civiles.

En el 2006, la Corporación de Cine se convirtió en patrocinador financista del documental al otorgarle un préstamo para llevar a cabo su desarrollo. El 28 de octubre de 2008, la Junta de Directores de la Corporación aprobó el préstamo de producción por la cantidad de $93,365. Entre el 2010 y 2011, los productores del documental, contando con el apoyo de la Corporación, lograron levantar todo el financiamiento necesario para el proyecto. Sin embargo, cuando llegó el momento en que la Corporación debía desembolsar su parte, esta incumplió su obligación contractual comunicando el 14 de noviembre de 2011 que “proveerle financiamiento a este proyecto constituiría una violación a las secciones 2.01 y 7.04 de la Ley 121 que prohíben específicamente el uso del Fondo Cinematográfico para financiar proyectos para propósitos particulares o que su propósito sea para propaganda político-partidista o sectaria".

“Filiberto es un documental histórico que parte de una pregunta: por qué la historia de un país afecta a un sujeto de manera tan particular”, indicó Leandro Fabrizi Ríos, director del documental.

“Este proceso se elaboró con personas vinculadas a la historia desde distintos ángulos, desde ex agentes del FBI encargados de su vigilancia en los 80′, hasta músicos, ex-macheteros, familia y políticos de diversas ideologías, entre otros. También cuenta con el uso de entrevistas previas hechas a él, material de archivo y otros elementos narrativos”, añadió Fabrizi, quien tiene formación audiovisual en Barcelona y siete años de experiencia como documentalista en Puerto Rico para cine y televisión.

Ayer, miércoles 16 de mayo, Proyecto Chiringa, corporación sin fines de lucro que produce el documental, radicó una demanda en contra la Corporación de Cine de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y violación de derechos civiles. Por su parte, Freddie Marrero Alfonso, productor del documental, indicó que con esta acción legal buscan dos objetivos: “por un lado, que el Estado cumpla con el compromiso hecho con nosotros y, por otro, reestablecer la confianza de los financistas extranjeros con los productores locales. No podemos permitir que las cartas de garantías, acuerdos y contratos hechos por el Gobierno para con el cine sean vistas como falsa moneda por fundaciones, productoras e inversionistas que quieran vincularse e invertir en el producto local”.

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17 de junio de 2012

- Casa Pueblo de Adjuntas

Prevaleció la sabiduría y la tenacidad del Pueblo

"Prevaleció la sabiduría y la tenacidad del pueblo ante un gobierno unilateral y sordo. Le toca pedir un perdón público y revertir los daños causados a los expropiados y a los abonados".

Así reaccionó Arturo Massol Deyá de Casa Pueblo de Adjuntas, tras las expresiones del gobernador Luis Fortuño en un comunicado en las que el mandatario acusa recibo del informe del Comité Intersectorial sobre búsqueda de alternativas de infraestuctura para cumplir con la reglamentación ambiental federal y con su promesa de bajar el costo de luz al País.

Massol Deyá añadió "el gobierno hizo admisión que la tubería propuesta de 92 millas nunca fue viable, pero sobre todo, nunca se justificó que engañaran a los abonados de la AEE para financiar, en contra de su voluntad, la farsa de un tubo que siempre estuvo vacío, que nunca contó con gas para operar".

En el comunicado, Fortuño aceptó que la alternativa de construir "un ducto" de gas natural desde el sur hasta el norte de la Isla quedaba "descartado por insuficiencia de capacidad en el suplido".

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