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18 de junio de 2012
- Gazir Sued
El consentimiento generalizado a favor de las matanzas de especies de la fauna puertorriqueña (primates rhesus y patas, monos ardilla, iguanas verdes, caimanes, cerdos y gatos silvestres, etc.) no se limita a las especies discriminadas y estigmatizadas por el Estado como “exóticas” e “invasivas”. También se hace extensivo sobre las especies usadas para experimentaciones en laboratorios biomédicos y farmacéuticos, con probados fines inútiles para la salud humana y animados por intereses mezquinos. No obstante, son animales clasificados como “domésticos” los que en mayores cantidades y por razones de intolerancia social se masacran con fuerza de ley y el aval popular en Puerto Rico...
Los animales realengos (sin dueño), predominantemente perros y gatos, ocupan la atención del cuerpo legislativo insular (R. del S. 759), porque supuestamente existe un problema de “sobrepoblación” y no hay albergues suficientes para contenerlos. El Estado ilegaliza la existencia de animales realengos y, con arreglo a una imaginería fóbica, paranoide e hipocondriaca, reduce sus vidas a la condición de “mascotas”, y los condena al cautiverio perpetuo bajo dominio absoluto de sus tenedores (guardianes o dueños). Dentro de esta (i)racionalidad, la ley criminaliza y condena severamente al ciudadano que libere a cualquier animal (convertido por ley en víctima de “maltrato” por “abandono”) y lo obliga a entregarlo a un albergue, para ser enjaulado y disponer de su destino.
Los albergues o refugios de animales encubren la fatalidad que irremediablemente les sería impuesta. Según revela la investigación senatorial: “Los refugios reciben cientos de mascotas y crías no deseadas semanalmente, animales que son abandonados por sus dueños o sencillamente carecen de hogar y en la mayoría de los casos éstos tienen que ser sacrificados.”
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Más información relacionada- De la crueldad contra animales | Investigador demanda directivos de UPR y Centro de Primates | Crueldad hacia primates: Sospechas de encubrimiento y fraude ante renuncia de Kraiselburd | Matanzas
18 de junio de 2012
- Freddie Marrero Alfonso
Los realizadores de un documental sobre Filiberto Ojeda Ríos han llevado a cabo una campaña de recaudación por medio del Internet para restituir parte de los fondos cancelados por la Corporación de Cine de Puerto Rico. Por 90 días el proyecto recibió donaciones para poder llevar adelante el proyecto.
Además de demandar a la Corporación de Cine por incumplimiento de contrato, los realizadores llevaron a cabo una campaña social de recaudación de fondos, conocida como ‘crowdsourcing’, en la que recibieron el apoyo de 241 personas desde los siguientes países: Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, República Dominicana, Venezuela, España, Afganistán, Bolivia, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Países Bajos, Noruega y Panamá.
El 28 de octubre de 2008, la Junta de Directores de la Corporación aprobó el préstamo de producción por la cantidad de $93,365. El 25 de octubre de 2011, la propia Junta de Directores canceló los fondos ya asignados. A través de su campaña en Internet, los realizados ya han podido levantar $21,920, un 23% de lo que necesitan.
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Además- Demandan Corporación de Cine por incumplimiento de contrato y violación de libertad de expresión
15 de junio de 2012
- Jesús Dávila / NCM
Las actas de las primarias del 18 de marzo del oficialista Partido Nuevo Progresista y el opositor Partido Popular Democrático revelan que ambos incurrieron en la práctica de producir masivamente votos imaginarios con la participación de 375 grupos dispersos en al menos sesenta y seis de los setenta y ocho municipios de esta pequeña nación caribeña.
El fenómeno del voto imaginario, es decir, informar haber recibido sufragios que no existen, tiene la consecuencia de disimular la reducción de las bases de las dos formaciones partidarias comprometidas con mantener el consentimiento al gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico, pero al descubrirse la práctica alberga el potencial de minar la credibilidad de ambas.
Así, la noche del evento todas las localidades rindieron informes de la votación, pero el escándalo que se desató por el volumen de actas descuadradas provocó que la Comisión Estatal de Elecciones ordenara un escrutinio nuevo con la producción revisada de nuevas actas para todas las mesas de votación.
La revisión manual comparativa de las dos series de actas de todo el país, realizada por NCM Noticias, resultó en que los informes falsos del PNP totalizaron 38.217 votos imaginarios, mientras que los del PPD fueron de 15.687, con las dos concentraciones principales del fraude en la ciudad de Caguas, donde la cuenta del PNP fue de 9.724 y los siete municipios de la zona metropolitana, que acumularon 9.312 de esos sufragios que en realidad nunca se produjeron.
Pero las dimensiones del fraude electoral podrían ser mucho mayores y la impunidad con la que actuaron la inmensa mayoría de los 197 grupos del PNP y 178 del PPD anticipa retos para la administración de los referendos constitucionales para eliminar el derecho absoluto a la fianza y la reforma legislativa, pautados para agosto, así como el plebiscito sobre la condición política colonial y los comicios generales, ambos en noviembre.
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