11 de junio de 2014

- Jesús Dávila / NCM

La designación, como supuestos triunfos de los derechos civiles, de dos funcionarios que en el pasado reciente participaron en hechos controversiales en materia del respeto a esos mismos derechos marcan la temporada en Puerto Rico, en tanto los opositores anexionistas, independentistas y sociales –cada cual por su lado- intentan lograr que el pueblo se mueva.

El drama, en el que todavía es incierta la ruta que tomará la corriente de la historia, ocurre en el marco de la crisis económica que se ahonda, las gestiones para traer una nueva clase alta foránea y los tanteos para tratar de consolidar la influencia determinante del Estado en la información que se difunde y se oculta.

En espera de atención, en panorama tan revuelto, aparece el expediente del caso 08-1748, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

Se trata de hechos ocurridos entre 2006 y 2009 que involucraron a un preso común para nada famoso de nombre Angel Luis Sánchez y una funcionaria entonces de tercer nivel en el Departamento de Justicia con el cargo de subprocuradora general. Pero el caso cobra pertinencia por la designación de la abogada Maite D. Oronoz Rodríguez para juez asociada del Tribunal Supremo, nombramiento que requiere confirmación del Senado.

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