28 de enero de 2013

-Amnistía Internacional de Puerto Rico

El gobierno federal en sus estatutos contempla la posibilidad de la pena de muerte y no otorga, a diferencia de la Constitución de Puerto Rico, el derecho absoluto a la fianza. Como consecuencia la extensión del Memorando de Entendimiento entre las agencias estatales y federales de orden público pudiera significar aumentar, aun más, la posibilidad de que la pena de muerte se aplique en Puerto Rico, a la vez que mina el derecho absoluto a la fianza de los imputados. Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la sección abundó “aparentemente no hemos aprendido nada de los años que llevamos lidiando el crimen con represión e intimidación. Coartar derechos y los castigos severos poco aportan en la reducción de la criminalidad y la violencia. Esta nueva administración tiene la oportunidad de distanciarse de la política de mano dura que ha fracasado en todas las administraciones anteriores. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados”.

La Organización reconoce que se requieren mecanismos diversos para enfrentar el problema de la criminalidad, pero la solución reside en los esclarecimientos de casos, la rehabilitación y la prevención y no en la reducción de derechos. Por otro lado, la organización espera que la enmienda al MOU original, retenimiento bajo la jurisdicción local ciertos casos, aunque estén incluidos en el acuerdo, pudiera significar la intención de excluir casos de pena de muerte. En este sentido, Pedro Santiago abundó al respecto “aunque en principio no respaldamos un MOU que limite garantías, ante la realidad política actual, si reconocemos la necesidad de algún tipo de acuerdo que mantenga a Puerto Rico como un país abolicionista en teoría y en la práctica. Un asunto tan medular no debería estar solamente sugerido, sino plasmado explícitamente.”

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