1 de noviembre de 2012
- Rosin Carrasquillo
El Departamento de Educación (DE) luego de invertir en seis años sobre $10 millones en la adquisición de un sistema de recolección de datos para niños de educación especial decide sustituir el mismo por un nuevo sistema que no ha sido validado ni informado al Gobierno Federal a un costo más alto.
Este cambio súbito de sistema de programación pone en riesgo sobre $120 millones en fondos federales para el programa de educación especial. La recolección de datos validados de los niños de educación especial por un sistema reconocido por el Gobierno Federal es fundamental para la otorgación de fondos federales.
Desde el 2006, el DE invirtió sobre $10 millones en la adquisición, entrenamiento y modificaciones locales de un sistema automatizado, aprobado por el Gobierno Federal, para esta tarea. La recolección de información es parte de los acuerdos del litigio de Rosa Lydia Vélez Vs. Awilda Aponte Roque/ Departamento de Educación de Puerto Rico.
Luego de seis años de inversión en modificar y adaptar un sistema validado de acuerdo a las necesidades del DE para este cumplimiento deciden arbitrariamente y sin previo aviso cambiar el sistema a uno nuevo que no se ha usado anteriormente para este propósito y fue creado este año. El costo del mismo sobrepasa el $1.5 millones al ya establecido anteriormente, que está comprobado y utilizado en más de 36 estados de Estados Unidos.
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