4 de agosto de 2012

- Amnistía Internacional de Puerto Rico

La firma del nuevo Código Penal por parte del Gobernador de Puerto Rico el pasado 30 de Julio de 2012, es un ejemplo más de una política pública sobre seguridad alejada de los preceptos básicos de los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos existen muchas preocupantes sobre el nuevo Código Penal. El aumento en la sentencia a manifestaciones no autorizadas, el visto bueno explícito a intervenir con la prensa y la ambigüedad en la definición de términos como “demorar”, “estorbar”, “desorden” y “perturbar” se prestan a un uso indebido, discriminatorio y represivo por parte del Estado. Sin mencionar las omisiones graves sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la Sección abundó “lamentamos mucho que el gobernador firmara este nuevo Código Penal, a pesar de las miles de expresiones de la ciudadanía a que revaluara el mismo, y se hicieran ajustes armonizado con los derechos humanos y la realidad del estado de derecho actual. No obstante, es cónsono con las políticas de miedo e intimidación que han distinguido su política sobre seguridad. A pesar de los reiterados fracasos que este tipo de política ha tenido internacionalmente en la reducción de la violencia, se sigue insistiendo en medidas que en nada abogan al fomento de una cultura de paz.”

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