25 de julio de 2012

- Gazir Sued

La mayor fuerza electoral de los partidos políticos dominantes (PPD y PNP) proviene de los residenciales públicos y de las barriadas más empobrecidas del país. Irónicamente, son estos sectores de nuestra población (asalariados como desempleados) los que más sufren los embates represivos del Estado de Ley, administrado por quienes ellos mismos ponen en el poder. Pero son las “élites intelectuales” puertorriqueñas (legisladores y juristas, académicos, políticos y periodistas), las que hacen posible, reproducen y legitiman esta práctica estatal discriminatoria, clasista y abusiva. El abordaje sobre “el problema de la criminalidad”, compartido sin distinción por la derecha y la izquierda, entre capitalistas o socialistas, lo evidencia. Para estos “ideólogos” de la realidad social, la causa principal de la criminalidad es la pobreza y la “desigualdad social”; y el pobre, pues, un criminal en potencia...

Esta (i)racionalidad, que domina el discurso político sobre la cuestión criminal, ha sido desmentida por la realidad misma, que es mucho más compleja de lo que hacen creer. Y es que no existe una relación causal o mecánica entre la condición de pobreza y la criminalidad. Asimismo, tampoco son “necesidades” esenciales o vitales las que animan las violencias criminales, y ni siquiera los delitos menores. A todas cuentas, los más empobrecidos se resignan, mendigan y rezan, mientras que los pillos y maleantes más dañinos y violentos en nuestra sociedad salen de entre las personas que más tienen; privilegiados y bien educados; profesionales; de familias funcionales y militantes de la cristiandad.

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