15 de julio de 2012

- César A. Rosado Ramos

A pesar de tan profundo sentido de democracia consignado en nuestra Carta Magna, el gobierno sigue recrudeciendo su intolerancia. El diálogo, la palabra, la madurez política y la mesura son inexistentes. Frente a la disidencia y contra quienes resisten, la primera (y única) opción es la agresión; y ésta, se utiliza como mecanismo ejemplificador en su etapa superlativa: la represión. Todo se aplasta, mejor si se destruye, se “neutraliza”. Tampoco se acepta crítica, como la plasmada en los distintos informes realizados sobre abuso policíaco. Es por ello que la confianza en el Sistema y sus instituciones, especialmente en la Policía y los Tribunales, se ha desvanecido. El Estado ha ido perdiendo de forma estrepitosa legitimidad. Se ha convertido en una mera estructura administrativa de opresión y represión al servicio de un reducido grupo, destacándose su incapacidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de su población.

La más reciente muestra son las enmiendas al Código Penal donde se penalizan las actividades y manifestaciones en el Capitolio (Artículo 297), estableciendo como delito menos grave con pena fija de tres años de cárcel a quien “perturbe, interrumpa o impida” las labores legislativas o cometa “cualquier desorden”. Tal tipificación padece de vaguedad, dejando a la percepción de cada funcionario los elementos del delito. Es razonable inferir que la concepción de “perturbar”, “interrumpir”, “impedir” y “causar desorden” puede ser tan variada como el número de legisladores existentes. Igual sucede con el Artículo 247 sobre Obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público.

En lo inmediato la enmiendas al Código Penal intentan amedentrar a los sindicatos y otros grupos de presión, como el movimiento estudiantil, que históricamente se han destacado por presentar resistencia a cualquier medida considerada injusta. El disponer de una pena fija de 3 años es un gran persuasivo contra la protesta, máxime, cuando el Tribunal Supremo se convertido en aliado del gobierno represor, trastocando otros preceptos constitucionales como el derecho a la huelga.

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