9 de julio de 2012

- Proyecto Matria

"Toda organización que trabaja por los derechos humanos de las mujeres en la Isla, está moralmente obligada a retar las disposiciones del Código Penal propuesto si el mismo es firmado por el Gobernador", afirmó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria.

La abogada explicó que el Código es detrimental para las mujeres de la Isla por múltiples razones.

"En primer lugar, y pese a la oposición manifestada mientras se trabajaba el borrador del Código, la Legislatura decidó mantener la penalización del aborto. Esto no sólo es un intento de crear la impresión equivocada de que el aborto es ilegal en la Isla, sino que abre las puertas para que funcionarios inescrupulosos se animen a perseguir a las mujeres que decidan ejercer ese derecho", expresó Pagán. Ésta también explicó que las organizaciones que incluyen servicios en el área de derechos sexuales y reproductivos, estarían en un estado de vulnerabilidad ante la insistencia de la Legislatura de crear la impresión de que incluso recomendar la práctica de una aborto sería ilegal. "Se presta para justificar la persecución de activistas y de trabajadoras que manejan casos en los cuales estos temas deben tocarse".

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