18 de junio de 2012

- Gazir Sued

El consentimiento generalizado a favor de las matanzas de especies de la fauna puertorriqueña (primates rhesus y patas, monos ardilla, iguanas verdes, caimanes, cerdos y gatos silvestres, etc.) no se limita a las especies discriminadas y estigmatizadas por el Estado como “exóticas” e “invasivas”. También se hace extensivo sobre las especies usadas para experimentaciones en laboratorios biomédicos y farmacéuticos, con probados fines inútiles para la salud humana y animados por intereses mezquinos. No obstante, son animales clasificados como “domésticos” los que en mayores cantidades y por razones de intolerancia social se masacran con fuerza de ley y el aval popular en Puerto Rico...

Los animales realengos (sin dueño), predominantemente perros y gatos, ocupan la atención del cuerpo legislativo insular (R. del S. 759), porque supuestamente existe un problema de “sobrepoblación” y no hay albergues suficientes para contenerlos. El Estado ilegaliza la existencia de animales realengos y, con arreglo a una imaginería fóbica, paranoide e hipocondriaca, reduce sus vidas a la condición de “mascotas”, y los condena al cautiverio perpetuo bajo dominio absoluto de sus tenedores (guardianes o dueños). Dentro de esta (i)racionalidad, la ley criminaliza y condena severamente al ciudadano que libere a cualquier animal (convertido por ley en víctima de “maltrato” por “abandono”) y lo obliga a entregarlo a un albergue, para ser enjaulado y disponer de su destino.

Los albergues o refugios de animales encubren la fatalidad que irremediablemente les sería impuesta. Según revela la investigación senatorial: “Los refugios reciben cientos de mascotas y crías no deseadas semanalmente, animales que son abandonados por sus dueños o sencillamente carecen de hogar y en la mayoría de los casos éstos tienen que ser sacrificados.”

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