18 de mayo de 2012

- Freddie Marrero

Los realizadores de un documental sobre Filiberto Ojeda Ríos han radicado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de San Juan contra la Corporación de Cine de Puerto Rico por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y violación de derechos civiles.

En el 2006, la Corporación de Cine se convirtió en patrocinador financista del documental al otorgarle un préstamo para llevar a cabo su desarrollo. El 28 de octubre de 2008, la Junta de Directores de la Corporación aprobó el préstamo de producción por la cantidad de $93,365. Entre el 2010 y 2011, los productores del documental, contando con el apoyo de la Corporación, lograron levantar todo el financiamiento necesario para el proyecto. Sin embargo, cuando llegó el momento en que la Corporación debía desembolsar su parte, esta incumplió su obligación contractual comunicando el 14 de noviembre de 2011 que “proveerle financiamiento a este proyecto constituiría una violación a las secciones 2.01 y 7.04 de la Ley 121 que prohíben específicamente el uso del Fondo Cinematográfico para financiar proyectos para propósitos particulares o que su propósito sea para propaganda político-partidista o sectaria".

“Filiberto es un documental histórico que parte de una pregunta: por qué la historia de un país afecta a un sujeto de manera tan particular”, indicó Leandro Fabrizi Ríos, director del documental.

“Este proceso se elaboró con personas vinculadas a la historia desde distintos ángulos, desde ex agentes del FBI encargados de su vigilancia en los 80′, hasta músicos, ex-macheteros, familia y políticos de diversas ideologías, entre otros. También cuenta con el uso de entrevistas previas hechas a él, material de archivo y otros elementos narrativos”, añadió Fabrizi, quien tiene formación audiovisual en Barcelona y siete años de experiencia como documentalista en Puerto Rico para cine y televisión.

Ayer, miércoles 16 de mayo, Proyecto Chiringa, corporación sin fines de lucro que produce el documental, radicó una demanda en contra la Corporación de Cine de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y violación de derechos civiles. Por su parte, Freddie Marrero Alfonso, productor del documental, indicó que con esta acción legal buscan dos objetivos: “por un lado, que el Estado cumpla con el compromiso hecho con nosotros y, por otro, reestablecer la confianza de los financistas extranjeros con los productores locales. No podemos permitir que las cartas de garantías, acuerdos y contratos hechos por el Gobierno para con el cine sean vistas como falsa moneda por fundaciones, productoras e inversionistas que quieran vincularse e invertir en el producto local”.

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