19 de abril de 2012

- Roberto Barreto

Las viejas razones no han caducado. La Constitución de Puerto Rico prohibe la Pena Capital, y eso no es poca cosa. Décadas de evidencia sostienen que la Pena de Muerte no es un disuasivo y no previene la violencia, en otras palabras, que no funciona. La evidencia es mucha, la Pena de Muerte se administra de forma racista. Además, ya son muchas las jurisdicciones en EEUU que se han visto forzadas a abolir o detener las ejecuciones porque pruebas de ADN han demostrado que los tribunales han condenado erróneamente a docenas de ciudadanos.

En adición, ahora existen nuevas razones. Una serie de decisiones judiciales de dudosa constitucionalidad ha ido progresivamente minando el orden legal en el Gobierno Federal de los Estados Unidos, lo que representa una gran amenaza para nosotros en Puerto Rico. Nuevas interpretaciones legales han permitido que cada vez más el gobierno actúe de espaldas a la Constitución. Cada aumento en la injerencia de la jurisdicción federal en Puerto Rico – incluyendo la posible implementación de la Pena de Muerte – pone en riesgo nuestras libertades civiles.

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