3 de febrero de 2012

- Amnistía Internacional de Puerto Rico

La orden general que entra en vigor el martes 31 de enero, viene agravar la ya delicada situación en la Policía de Puerto Rico. En reiteradas ocasiones AI ha levantado la voz sobre el uso indiscriminado de la fuerza, el discrimen que impera en la policía de Puerto Rico con algunos sectores de nuestra sociedad y la falta de supervisión adecuada. Señalamientos que han sido confirmados por el informe del Departamento de Justicia Federal. Lejos de atender estos reclamos, la nueva orden le brinda más poder a un cuerpo que todavía no ha dado señales de comenzar un proceso de restructuración que incluya tanto el proceso de reclutamiento, adiestramiento, supervisión y evaluación del recluta, así como del propio superintendente.

“El que la autorización de usar fuerza letal contra la ciudadanía esté sujeta a la percepción del policía, abre una puerta hacia el discrimen contra comunidades tradicionalmente marginadas, como son la comunidad dominicana, la comunidad con escasos recursos económicos y la comunidad LGBTT, entre otras.” “…por otro lado, esta orden aumenta el sentido de impunidad, y la falta de rendición de cuentas por parte del agente de la Policía de Puerto Rico” señalo Osvaldo Burgos, presidente de la Sección de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico.

 Ver artículo