El movimiento estudiantil y la coalición universitaria obtuvieron un inesperado triunfo estratégico cuando una juez determinó que la Universidad de Puerto Rico tiene todos los documentos sobre su caudal de propiedades inmuebles y que además es su “deber ministerial” es dar acceso público a la información sobre esa parte del tesoro de la Universidad.
Toda otra serie de asuntos siguen pendientes de solución y trámite judicial, entre ellos lo relativo a la propiedad mueble que también forma parte del tesoro, que se ha estado acumulando desde hace más de un siglo y que constituye la base material de la inclusión de la instrucción universitaria en el quinto derecho civil, el derecho a la educación.
También está pendiente de determinarse si para garantizar la inspección pública de la información la UPR tendrá que dar acceso total a los expedientes de propiedades que obran en su poder de forma que sean los propios miembros de la comunidad universitaria los que los revisen para levantar los datos sobre lo que ha pasado con las herencias.