28 de septiembre de 2011

- Jesús Dávila / NCM

El intento de mantener oculto el tesoro de la universidad pública –de interés para especuladores con bienes del Estado- sufrió un duro revés ante la artillería legal del movimiento estudiantil y su coalición de profesores y trabajadores cuando una juez resolvió que el Gobierno tendrá que responder en corte abierta por su negativa a rendirle cuentas al país.

Casi a la vez, el Tribunal Supremo expidió orden para proteger el derecho a continuar en la Universidad de Puerto Rico de Giovanni Roberto, una de las figuras principales del movimiento estudiantil y líder de la Organización Socialista Internacional.

La puntería de los disparos legales de los insumisos estudiantes universitarios se produce en momentos en que la presión pública ha llevado a la renuncia del director del monopolio estatal de electricidad y las querellas sobre corrupción en los servicios de educación, salud, transporte marítimo y seguridad siguen en aumento.

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