16 de septiembre de 2011

- Jesús Dávila / NCM

En momentos en que la crisis institucional se debate en la arena de los asediados derechos civiles, un recurso incoado por una coalición universitaria convocada por el movimiento estudiantil confronta al país con una época prácticamente olvidada, cuando en 1903 se hicieron reformas legales que sentaron las bases de un intento de modernidad democrática.

“Vive al día de hoy, aunque maltrecho por responsabilidad de aquellos fiduciarios llamados a custodiarlo con celo, vive con la misma inmensidad de su valor”, declaró Luis Antonio Pabón Rojas, abogado de los estudiantes y la coalición que intenta obligar al Gobierno a dar cuentas públicas de lo que ha hecho con el tesoro de la Universidad de Puerto Rico, base material de la inclusión de la instrucción universitaria en el derecho civil a la educación.

Pabón Rojas se refería a la historia que se ha ido desenterrando con la investigación documental para el caso, que se remonta a cuando en 1903 las cámaras legislativas y el gobernador estadounidense aprobaron la ley para crear la UPR e incluyeron en la misma que esa institución sería la beneficiaria universal de los caudales sin herederos. Así, el tesoro de la UPR se ha estado nutriendo ininterrumpidamente durante 108 años pasando por las reformas de 1923, 1930 y 1952, además de las órdenes administrativas impartidas por el Departamento de Justicia en 1986, pero sobre el cual el Gobierno alega que los universitarios no tienen derecho a conocer, ni el Estado el deber de informar.

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