27 de julio de 2011

- Lcda. Ataveyra Medina Hernández

La Corporación de Acción Civil (CACE) anunció hoy que cesará operaciones a causa de la negativa del juez federal Paul Barbadoro de aprobar el presupuesto para el corriente año fiscal, decisión que dejará a más de 11 mil confinados desprovistos de representación legal gratuita en casos civiles.

Según informó la portavoz de la CACE, Lcda. Ataveyra Medina Hernández, los fondos que conforman su presupuesto de anual de operaciones provienen de las multas pagadas por el Estado en el caso de Morales Feliciano, a raíz del incumplimiento con las órdenes del Tribunal Federal dirigidas a mejorar las condiciones carcelarias de la población desprovista de libertad en instituciones de la Administración de Corrección (AC).

Dichos fondos son administrados por el Tribunal Federal.

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