28 de mayo de 2011

- Sandra Rodríguez Cotto

La ola de controversia pública que viene gestándose en los últimos días con la polémica entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el periódico El Nuevo Día y sus dueños -el grupo Ferré Rangel- cobró esta semana visos de convertirse en un tsunami que amenaza con llevarse de por medio a muchas de las instituciones más poderosas en Puerto Rico.

Más que tratarse de la guerra usual entre periodistas que preguntan y políticos que ocultan informaciones, este caso plantea serias interrogantes sobre el ejercicio actual del periodismo en Puerto Rico. Nos hace pensar en el nivel de ética periodística de todos los medios en el país, el rol de los reporteros frente a los intereses de las corporaciones dueñas de empresas mediáticas, el nivel de autocensura y la falta de autocrítica en los medios, y por último, cómo se realiza la fiscalización de las entidades gubernamentales. También demuestra que el grado de corrupción trasciende los linderos del Capitolio y alcanza todas las instituciones del país.

Es reconocido que Rivera Schatz está en guerra desde hace varios años con muchos sectores de la prensa local, y en especial, con los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora. Podría verse como que esta guerra no es más que una extensión de las batallas que mantuvo con esos mismos medios informativos en los años 90 su otrora jefe político, el ex Gobernador Pedro Rosselló. Sin embargo, mientras más Rivera Schatz acusa a los medios de perseguirlo, más se siguen destapando escándalos en su entorno y entre sus amigos cercanos como Edgar Santana, Héctor Martínez, “Coquito” y otros.

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