18 de abril de 2011

- Jesús Dávila / NCM

Con el apoyo estratégico de la Casa Blanca, el Gobierno de Puerto Rico ha desatado una contraofensiva en múltiples frentes que –de tener éxito- barrería los focos de resistencia estudiantil, las protestas ambientales, sacaría del panorama al independentismo y neutralizaría como actores sociales a los sindicatos y demás grupos de la llamada sociedad civil.

Sin embargo, la inestabilidad política y económica, así como una dramática tendencia de alza en la actividad criminal, se combinan con las bajas meteóricas en la popularidad del Gobernador Luis Fortuño para servir de marco incómodo para el intento de cambiar las bases de la vida institucional en esta nación isleña del noreste del Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas.

Hasta ahora, el foco principal de las acciones del Estado, que ha reclutado a su favor una amalgama de sectores de derecha e izquierda, es la persecución policíaca y judicial del liderato estudiantil insumiso. El proceso se aprovecha para sentar las bases de restablecer como legítimas la vigilancia y el acecho de ciudadanos que no han delinquido pero que se arriesgan a participar en actividades de protesta.

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