30 de marzo de 2011

- Carmen Enid Acevedo

El encubrimiento por parte de las autoridades del caso de asesinato a manos de un policía del ciudadano Miguel Cáceres en el 2007, llegó al punto de que hasta el agente de la División de Homicidios que investigó la escena dejó fuera de su informe la versión de los múltiples testimonios de testigos que daban cuenta del abuso cometido por el hoy convicto.

Pesquisa Boricua examinó el expediente del caso federal 08-1486 y constató que la producción de miles de pliegos en deposiciones tomadas bajo juramento a una veintena de testigos en el mencionado caso, colocan a la Policía en un serio caso de violación de derechos civiles y encubrimiento en momentos en que las autoridades del Departamento de Justicia en Washington estudian la posibilidad de poner a la agencia en sindicatura.

La narración de las determinaciones de hecho en el caso contra Javier Pagán, asesino de Cáceres y contra el superintendente de la Policía entonces, Pedro Toledo, entre otros, traza la ruta del encubrimiento que desde el mismo día de los hechos, el 11 de agosto del 2007, se alega que ejecutaron el comandante de área, Edwin Rivera Merced, el teniente Víctor Cruz Sánchez, el sargento Juan Colón Báez, director de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) y el agente de Homicidios, José Rivera Rodríguez.

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Cobertura sobre muertes injustificadas por la policía-   Ver archivo