14 de enero de 2011

- Jesús Dávila / NCM

Al cumplirse nueve meses del imparable alzamiento estudiantil, que ya ha cobrado un saldo de enfrentamientos y el Gobierno ha combatido con restricciones crecientes a los derechos civiles, el panorama se complica al surgir información conflictiva sobre la posibilidad de que el país sea desposeído de un tesoro millonario guardado por generaciones.

Se trata de un tesoro que incluye los inmuebles –excepto tierras de labranza- así como bienes muebles, efectivo, joyas, instrumentos de inversión y, en suma todo tipo de caudal, de las personas fallecidas sin dejar herederos desde 1930 y que la ley destina a la Universidad de Puerto Rico, pero que ahora el propio Gobierno ha hecho arreglos para que pueda ser sometido a pública subasta.

Mientras tanto, la atención pública se concentra más en las incidencias –a veces violentas- como el disturbio de esta semana, que según las autoridades universitarias dejó pérdidas por tres mil dólares cuando jóvenes encapuchados rompieron cristales y cometieron otros desmanes durante una marcha que retó la prohibición de actividades masivas de libertad de expresión en el Recinto de Río Piedras de la UPR. Al día siguiente, la Policía nacional que ocupa el campus arrestó violentamente diez estudiantes por visitar salones de clases y hacer propaganda a favor de la huelga con permiso de los profesores, aunque luego de estar horas encarcelados, los fiscales se negaron a presentarles denuncias.

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