24 de octubre de 2010
- Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte
La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte (CPCPM) ha seguido con detenimiento los desarrollos en el ámbito investigativo y judicial de casos potencialmente certificables para pena de muerte que se han precipitado luego del Memorando de Entendimiento firmado en febrero de este año. De acuerdo a ese acuerdo, el Gobierno de Puerto Rico cedió a la jurisdicción federal la potestad investigativa y para encausar casos por ciertos delitos. La CPCPM advierte que existen inconsistencias de carácter grave en el curso investigativo de los mismos que tienen el propósito último de conformar hechos a los elementos del delito de “muerte en medio de un carjacking” y que violan el debido proceso de ley.
“Estamos ante la intervención del gobierno federal en un caso donde la capacidad investigativa, que fue uno de los motivos del Memorando, es totalmente innecesaria, ya que el acusado confesó su delito y todo tiende a indicar que tendrá una cadena perpetua en las cárceles de Puerto Rico. Nos escandaliza que, por lo visto, la única intención de las autoridades federales es que su gobierno ejecute a los acusados, en total menosprecio al mandato de la Constitución de Puerto Rico, donde no existe esta pena desde 1929” señaló Mariana Nogales, coordinadora general.
En el día de hoy, la Coalición le envió una carta al Secretario de Justicia federal, Eric Holder, donde le señalaban una preocupación similar en la forma en que se ha indicado que los investigadores del FBI han conformado los hechos para que en el caso por el asesinato de Felix Rodríguez Gómez y Kenneth Betancourt Camacho pueda ser juzgado como uno de pena capital en el foro federal.
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