20 de febrero de 2010

- Giovanni Roberto

Especial para Obrero Socialista

La crisis de la que se comenzó a hablar en Puerto Rico desde 2005 fue la llamada crisis fiscal, la distancia entre el dinero que entra al gobierno para mantener sus operaciones en relación al dinero que invierte para continuar corriendo. La deuda en la que incurre para saldar esa diferencia, evidentemente, tiene unos cobradores que nuestro caso colonial son los bonistas de Wall-Street. Las casas crediticias que evalúan el crédito de Puerto Rico, Standard and Poor y Moodys, son las que le exigen medidas y cambios estructurales al gobierno. Lo que en el resto de América Latina hacen el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.

El nivel de movilización de este último año ha sido bastante alto. Protestas por la ocupación israelí en Gaza, contra los recortes de presupuesto y servicios en la Universidad de Puerto Rico, contra medidas anti-obreras en educación, protestas contra la Ley 7 y las APP, más de 30 mil el primero de mayo y cinco sindicatos en paro, una ocupación de facultad, varios bloqueos de calles y del expreso, protestas a hoteles, bancos y oficinas de gobierno, varias marchas, un intento de paro general y hasta algunos enfrentamientos leves con la policías.

Todo ese activismo señala un potencial de lucha importante. La oposición al gobierno también es bastante amplia. Esa generalización tiene un componente grueso de realidad material. Mientras los precios de los productos han aumentado, por culpa de ello los salarios se han reducidos. El mercado laboral se ha contraído mientras se pierden miles de empleos todos los meses, en el gobierno y fuera de él.

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