25 de enero de 2010

- Alma Torres

En Puerto Rico no hay una política pública que defienda a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT). El proyecto 1725, que prohíbe el discrimen por orientación sexual en el trabajo, no garantiza protección en todos los centros de trabajo y no cubre todas las gestiones públicas o privadas como por ejemplo la búsqueda de vivienda. Las nuevas enmiendas a la Ley de Adopción garantiza prioridad a parejas heterosexuales casadas, haciendo más difícil el proceso de adopción para parejas gay.

Ambos partidos que han estado en el poder han asumido posiciones en contra de la comunidad LGBTT. Sin duda alguna han aprovechado procesos eleccionarios para hacer promesas de campaña que no representan un progreso significante, aunque lo suficiente para ganar miles de votos.

Necesitamos un movimiento LGBTT capaz de reconocer cuando es el momento para salir a luchar y no temer al hacerlo. No podemos esperar a que el PPD o el PNP decida cómo y cuándo vamos a luchar. Lo único que va a garantizar que la comunidad vea sus derechos valer es que sean ellos mismos los que salgan a luchar por ellos. El movimiento que necesitamos debe atreverse, debe ser inclusivo, sin aguar su mensaje. Este es el momento de exigir, son los trabajadores homosexuales y transgénero quienes están perdiendo sus trabajos, quienes sufren el aumento al costo de la vida, el cierre de compañías y las políticas sexistas que usa el gobierno y la empresa privada para dividir a los trabajadores. Mientras defienden su trabajo y sus habichuelas, deben ser capaces de reclamar libertad sexual.

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