12 de enero de 2010

- Ángel L. Ruiz

Recientemente el Gobierno de Puerto Rico anunció el despido de 17,000 empleados públicos. Esta cifra eventualmente aumentaría a 30,000. A pesar de que varios economistas y otros profesionales han emitido opiniones importantes sobre el impacto económico y social que podrían causar estos despidos, dichas opiniones, en su mayoría, no se han basado en análisis empíricos llevados a cabo usando modelos económicos apropiados. Por ejemplo, el modelo de insumo producto es uno de estos modelos. El mismo está diseñado, (como una de sus aplicaciones) para estimar el impacto sobre producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como: cambios en los gastos de consumo personal, inversión en construcción, inversión en maquinaria y equipo y gastos del gobierno, entre otros.

El despido de trabajadores genera impactos económicos negativos directos e indirectos. Estos se acentúan aún más en tiempos de recesión. Estos impactos no son exclusivamente económicos sino que se extienden al ámbito social. Los impactos incluyen pérdidas en ingresos fiscales. Al implantar una política de despido de empleados públicos sin previo análisis serio y profundo se corre el riesgo de afectar servicios públicos esenciales y provocar inestabilidad social y política. Por el lado social el desempleo tiene un fuerte impacto emocional y sobre la salud de los individuos y sus familias.

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