22 de diciembre de 2009

- Centro de Periodismo Investigativo

El juez superior Carlos S. Dávila Vélez dictó que los hallazgos de irregularidades y violaciones en las finanzas electorales de los candidatos en las elecciones de 2008 son documentos públicos que deben estar disponibles para que la ciudadanía los examine.

La sentencia se registró como parte de la primera demanda de acceso a la información que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), una entidad sin fines de lucro dedicada a la publicación de investigaciones periodísticas y a la litigación en el área del derecho de acceso a la información.

Después de meses intentando que la CEE otorgara acceso, el CPI presentó una demanda el 19 de octubre de 2009. En una vista oral el 28 de octubre, la representación legal de la CEE intentó establecer que los documentos tenían que permanecer confidenciales hasta que el Presidente de la entidad los evaluara para, entre otros propósitos, evitar que se manchara la reputación de algún candidato. "Concluimos que no tiene razón la CEE al plantear que los informes del Auditor Electoral no son documentos públicos hasta que el Presidente emite la decisión final", concluyó el juez en sentencia firmada el 14 de diciembre.

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